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    El inmovilismo de la Defensa

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    Existe una paradójica situación en el sector defensa; las coaliciones de Chile Vamos y la Nueva Mayoría han manifestado el mismo interés por reformar aspectos críticos de dicho sector y, sin embargo, nada de ello ha ocurrido.

    Veamos los puntos de acuerdo. En la propuesta programática de Sebastián Piñera de 2009 se planteaba, entre otras, la necesidad de sustituir la ley reservada del cobre, reformar el fuero de la justicia militar, reformar la carrera militar y el sistema previsional militar para eliminar “descuentos previsionales que no se justifican”, y la modernización de la industria militar.

    En el programa de Bachelet de 2013 se planteaban, entre otras medidas, la necesidad de fortalecer el mando del Jefe de Estado Mayor Conjunto, derogar la ley reservada del cobre, reformar las competencias de la justicia militar, modernizar la carrera militar para terminar con las “distorsiones previsionales”, y fortalecer las auditorías ministeriales internas de control de la gestión.

    Así, gobiernos de derecha y centro-izquierda concuerdan el revisar la ley reservada del cobre, extender la carrera militar, reformar la justicia militar, mejorar los sistemas de control y gestión interna y revisar el sistema de pensiones de los militares.

    Ahora bien, en los últimos años se han generado escándalos en las fuerzas armadas precisamente en los temas asociados a la agenda recién descrita: ausencia de controles y mal uso de recursos provenientes de la ley reservada del cobre (milicogate),  irregularidades en el sistema de pensiones (jubilazos), y ahora nos enteramos de varios cientos de ex uniformados recontratados por las instituciones castrenses ( recontrataciones).

    La teoría nos dice que habrá reformas cuando existe acuerdo entre los actores y cuando se producen escándalos significativos que movilizan a los actores a cambiar el status quo. Pese a que ambas condiciones están presentes en la agenda de Defensa, advertimos un total y completo inmovilismo en el sector.

    Los notorios escándalos no han estimulado a que las autoridades de gobierno hayan presentado iniciativas legislativas en relación a suprimir la ley del cobre, modificar la carrera militar para reducir los costos del sistema de pensiones militares, revisar los procedimientos de control interno para evitar abusos, modificar la ley de justicia militar, etc.

    ¿Cómo explicamos entonces que la ecuación Acuerdo político + graves escándalos no se traduzca en una acción política que modifique el status quo?

    Sugerimos cuatro hipótesis.

    1) Como desde el punto de vista politológico, las fuerzas armadas pueden considerar un “grupo de interés”, se podría plantear como hipótesis que ellas ejercen influencia informal para detener eventuales reformas. Sin embargo, esto que podría ser verdad al inicio de la transición, resulta menos verosímil a 27 años de la misma. Es factible que hagan lobby, pero es muy poco plausible que a estas alturas tengan la capacidad de frenar cualquier intento reformador.

    2) Una segunda alternativa es cooptación. Esto es, que las autoridades políticas simplemente actúen bajo el interés de querer preservar los privilegios y opacidad del sector defensa. Esta hipótesis también es poco probable dado que a la fecha, no existen indicios de este tipo de relacionamiento.

    3) Otra opción es que las reformas al sector Defensa son tan costosas en el corto plazo que los analistas económicos del gobierno prefieren no realizar aquel esfuerzo. Como tampoco existen grupos de presión que estén insistiendo en estas reformas, el esfuerzo de Hacienda se centra en aquellos ámbitos que hacen más “ruido” en el corto plazo: salud, educación, pensiones. En esta hipótesis, lo que estaría sucediendo es una disputa interna en virtud de una serie de urgencias legislativas que requieren de financiamiento, lo que sin duda resulta más plausible.

    4) Una cuarta opción es pese a que existe conciencia entre los actores políticos respecto de los ámbitos críticos a reformar (mando ministerial, financiamiento, pensiones, carrera militar, justicia militar, Estado Mayor Conjunto), ningún actor político ha percibido todavía el beneficio político que tendría dinamizar esta agenda.

    Para muchos congresistas el atender estos temas implica un alto costo y pocas ganancias frente al electorado. Ahora bien, quizás estemos llegando a un punto crítico donde son tantos los abusos que ocurren en el sector defensa que la ciudadanía podría comenzar a percibir los beneficios de realizar una reforma a dicho sector. En definitiva,  si los actores políticos logran vincular la reforma al Sector Defensa con beneficios sociales, probablemente se abrirán oportunidades para una eventual transformación.

    El inmovilismo en defensa requiere una explicación. Existe consenso en la agenda, se evidencian escándalos que activan la necesidad de las reformas y, sin embargo, no se movilizan los recursos del Estado para cambiar el status quo institucional de la Defensa. Lo lamentable de todo esto es que llegará un nuevo gobierno y la agenda seguirá siendo más o menos idéntica que la de hace 27 años: eliminar la ley reservada del cobre, incrementar los controles civiles de gestión, reformar la justicia militar, extender la carrera militar, y modificar el sistema de pensiones.

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